El Juzgado desestima el recurso de una promotora que reclamaba 18 millones de euros por la anulación del PGOU

También ocurrió lo mismo con el recurso por derecho de superficie que corresponde a la zona de la Longuera, por valor de dos millones de euros.-

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y el Juzgado de lo Contencioso número 1 de Cádiz han desestimado los recursos interpuestos por dos promotoras por valor de 20 millones de euros, en concepto de reclamación patrimonial y de derecho de superficie como consecuencia de la caída del Plan General en el año 2011.

Así lo comunicaron la portavoz del Gobierno, Cándida Verdier; la delegada de Urbanismo, Ana González, y el letrado de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento, Carlos Jesús Pérez. El primero de estos procesos correspondía a Don Casa y era por el sector Melilla, por valor de 18 millones de euros y desestimado por segunda vez, mientras que el segundo corresponde al derecho de superficie de La Longuera, por valor de dos millones de euros, en este caso devolviendo la parcela al Ayuntamiento.

La edila de Urbanismo manifestó que “esto supone otra buena noticia para el Ayuntamiento, ya que vuelve a ratificarse que el Consistorio trabaja conforme a los informes y a la Ley y ésta y los jueces, nos están dando la razón”. Estos 20 millones se unen a los 27 desestimados en firme y que corresponden a reclamaciones patrimoniales interpuestas que fueron desestimadas en vía administrativa.
En junio una nueva resolución desestimó por valor de 58 millones de euros el no cumplimiento del convenio urbanístico Pinar de Hierro, realizada por Proviaf. Todas estas reclamaciones hacen un total de 105 millones de euros.

“Queremos que quede claro que el Ayuntamiento siempre va a estar por el interés general, defendiendo siempre y de forma radical estas reclamaciones al Consistorio, que suponían 105 millones de euros para las arcas municipales y que ratifican la seguridad jurídica del Consistorio”, comentó la portavoz del Gobierno.

LA JUSTICIA PONE TODO EN SU SITIO

Carlos Jesús Pérez hizo hincapié en que “la actuación administrativa se fiscaliza en los tribunales y, al final, la Justicia lo pone todo en su sitio”, destacando que en ambos casos, tanto Melilla como La Longuera, “los juzgados han establecido el statu quo en cuanto al funcionamiento de la administración, en el plano urbanístico que tiene tanta beligerancia”.

En el primero de los casos, “hemos tenido el respaldo del más alto tribunal de nuestra comunidad, que ha dejado claro cómo son las cosas. El Ayuntamiento cumplió con la parte que le correspondía en el convenio, que era la de incorporar a la norma la obligación que tenía a ese respecto”.

En cuanto al segundo los procesos, Pérez reseñó que comenzó con el proceso de licitación de un suelo para dar un aprovechamiento comercial a la zona: “La empresa a la que se le adjudicó ha incumplido y el tribunal en este caso ha determinado que la licitación fue perfectamente legal y acorde con el cumplimiento de lo que pedía el proceso licitatorio”.

Además, “nos confirma que la parcela municipal vuelve a poder entrar en un nuevo proceso, así como el desarrollo y aprovechamiento que quiera hacer el Ayuntamiento de este espacio. Nuevamente el Consistorio ha sido sometido a revisión, hemos vencido y ésa es nuestra satisfacción”.